Concesionarios de los Centros de Verificación Vehicular de Poza Rica presentaron ayer un amparo en contra de la nueva Ley en materia ambiental, la cual consideran lesiva pues pone en riesgo 800 fuentes de empleo, además que impacta la economía de los conductores.
Pablo López García, presidente de la unión de propietarios de los Verificentros, deploró que con esta reforma, el costo de la verificación vehicular, se eleva en un 66 por ciento, es decir pasa de 191 pesos a $318 -de 3 a 5 salarios-, mientras que las multas se incrementa un 600 % pues de 507 pesos ahora los infraccionados tendrán que saldar 2 mil 507 pesos.
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