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CHILPANCINGO.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusó al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, de omisiones, lesiones y desaparición forzada en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
En este sentido, el procurador, Iñaky Blanco Cabrera, admitió desconocer el paradero del alcalde con licencia , así como también del secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores, y del director de la corporación Francisco Salgado Valladares, estos dos últimos en calidad de prófugos de la justicia por los delitos de homicidio calificado, lesiones agravadas y desaparición forzada.
Asimismo confirmó el traslado de los 22 policías involucrados en el caso Iguala, hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, como una “medida especial de seguridad para ellos”.
Durante una conferencia de prensa que se realizó muy temprano en las instalaciones de la Promotora Turística de Acapulco, el funcionario detalló que el traslado se llevó a cabo este miércoles por la tarde,cuando los 22 elementos policiacos fueron sacados del penal de Acapulco y trasladados vía aérea a la ciudad de Tepic.
Asimismo, el funcionario aclaró que las investigaciones sobre los hechos violentos que se registraron entre el 26 y 27 de septiembre pasado en la ciudad de Iguala, llevan un “avance muy importante”, pero rechazó que estén “casi concluidas” como lo aseguró el propio gobernador Ángel Aguirre Rivero durante una entrevista radiofónica para un medio de la ciudad de México.
“A lo que quiso referirse el gobernador con esa declaración fue a la actuación inmediata que realizó la Procuraduría de Justicia del Estado, y que gracias a ello se pudo detener a los 22 policías municipales que son responsables de los ataques en Iguala, así como a cuatro sujetos pertenecientes al grupo delictivo Guerreros Unidos”.
También aseguró desconocer si otras policías municipales están infiltradas por el crimen organizado, tal y como también lo aseguró el mandatario estatal durante la misma entrevista radiofónica.
“Ese comentario seguramente se desprende de lo que se habla en las reuniones del grupo de Coordinación Guerrero, y yo desconozco en qué términos se refirió sobre el tema en particular”.
“Con respecto al alcalde Abarca Velázquez, quiero precisar que a él no lo pudimos detener antes porque cuenta con el fuero constitucional, pero ya se solicitó de manera formal al Congreso de Guerrero que se inicie el juicio de procedencia para que pueda ser desaforado”.
Con relación a las declaraciones que involucran con el crimen organizado a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde de Iguala, Blanco Cabrera, aseguró que “no existe ninguna denuncia en su contra” y que la Fiscalía de Guerrero no puede actuar por simples sospechas o comentarios de la gente.
“Tengo que ser muy claro, a la Fiscalía General de Justicia en la Entidad, no le compete investigar asuntos del orden federal como sería el caso de la delincuencia organizada. Ese es un tema que le toca resolver a la PGR, y no a nosotros”, señaló.
Confirmó además que los especialistas argentinos en medicina forense ya se encuentran trabajando en los exámenes para conocer la identidad de los 28 cuerpos que fueron localizados en seis fosas clandestinas en la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de Iguala.
Con información de EL FINANCIERO