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Redacción

Tuxpan, Ver.- La implementación del Sistema Penal Acusatorio y Oral ha sido un rotundo fracaso en el norte de Veracruz, debido a que el personal de las Unidades Integrales de Procuración de Justicia siguen actuando con burocracia, ineficiencia, violan los derechos humanos y actúan bajo intereses económicos o políticos.
La propia presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, reconoció que la Fiscalía es la dependencia con mayor número de quejas por violaciones procesales y esto, lógicamente tiene que ver con la ineficiencia del personal y la corrupción.
En el caso de Poza Rica y Tuxpan, el burocratismo y la dilatación son mayores que en el viejo sistema penal, e incluso, el número de quejas ha ido en aumento porque los fiscales se han convertido en abogados de los acusados, dejando en indefensión a la víctima de un delito.
Hay casos documentados de que en estas mismas fiscalías, el personal  ha tergiversado la nueva ley, en lo que se refiere a detenciones en flagrancia por delitos graves, para liberar de inmediato a los presuntos.  Al final, lo que sucede es que el indiciado se sustrae de la acción de la justicia y la víctima resulta ser doblemente víctima.
Una vez que se descubren las irregularidades del personal, la Fiscalía General del Estado lo único que hace es cambiarlos de ciudad, pero nunca les aplica la ley, con lo que se fomentan las viejas prácticas de dilatación, corrupción y coyotaje. Queda claro que el problema no era la ley, sino los funcionarios que se encargan de aplicarla.
 

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