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Río de Janeiro no ha conseguido escapar de la maldición del petróleo. La caída del 50% del precio del barril de Brent en menos de un año y el mayor escándalo de corrupción de la historia del país en la petrolera estatal Petrobras revelaron que ni Brasil, ni mucho menos Río de Janeiro (de donde sale el 80% de la producción de petróleo) eran inmunes a los vaivenes de lo que parecía, en la época de bonanza, el negocio que iba a resolver los problemas del país. “Río es el Estado que más ingresos perdió en 2015”, reconoció su gobernador, Luis Fernando Pezão, en septiembre.

Las finanzas de la ciudad olímpica se desangran por varios frentes. Por un lado, la crisis económica nacional y la reducción de inversiones de una Petrobras con graves problemas de liquidez golpearon cada uno de los eslabones de la cadena productiva de gas y de petróleo, responsable por un tercio del PIB del Estado de 16,5 millones de habitantes. La falta de actividad, a su vez, ha reducido la recaudación de impuestos y ha disparado el desempleo.

Río se mantenía en una situación más confortable que la media nacional, entre otros factores, gracias a las inversiones por los Juegos Olímpicos del año que viene. Ahora, sin embargo, pierde empleos más rápido que el resto del país. De enero a septiembre de 2015 se perdieron 114.191 puestos de trabajo, según los datos analizados por el economista y especialista en el mercado de trabajo fluminense Márcio Osório. “Río mostró un escenario más grave que en el resto del país y está claro que la principal causa es la crisis de Petrobras. Estamos hablando de que el 17,35% de los empleos perdidos en Brasil fueron aquí, en Río”, explica.

Por otro lado, con el precio del barril en mínimos, municipios que en algunos casos dependen hasta un 60% de royalties (compensaciones que recibe el Estado por la extracción de recursos naturales en su territorio) están viendo como sus presupuestos se desangran.

Es el caso de Macaé, la ciudad que mejor ilustra la crisis que enfrenta Río. Desde que Petrobras se instaló en los años 70 en este punto de la Cuenca de Campos, la mayor fuente de petróleo del país, Macaé creció sin freno y pasó de ser un pueblo agrícola a una ciudad de 234.000 habitantes, el 10% de ellos extranjeros. Hoy, el municipio está lleno de carteles anunciando pisos vacíos, los hoteles han sufrido una caída de su ocupación del 85% al 50% y el desempleo ha vaciado sus calles. El sector del petróleo, la construcción civil y el comercio son los más castigados. En apenas 12 meses, Macaé perdió casi 9.000 empleos, según datos del Ministerio de Trabajo.

Los responsables de las cuentas del Estado reconocen que exageraron las previsiones de ingresos de este año y las cuentas no cuadran. La preocupación ha llegado al punto en el que el secretario de Hacienda, Júlio Bueno, ha reconocido que el abono de la paga extra de los funcionarios no está garantizado. “La previsión inicial de ingresos contemplaba una caída del 30%, pero fue calculada teniendo en cuenta que el barril de Brent estaba a 62 dólares”, justifica la secretaría.

Con el barril en torno a los 50 dólares, los royalties (segunda fuente de ingresos de Río) “pueden sufrir una caída este año del 62% respecto a 2014”. En 2015, la economía de Río ya ha perdido, por culpa de la crisis en el sector de óleo y gas y la caída del precio del petróleo, cerca 11.000 millones de reales (2.900 millones de dólares)— 3.000 millones de reales por la reducción del precio del barril y 8.000 millones por la pérdida de recaudación debido a la falta de crecimiento de su economía. Se trata de un 13,4% del presupuesto.

La preocupación ha llegado también a Rio Previdência, el fondo de pensiones de los funcionarios públicos: profesores, policías, administrativos… Nutrido también por las compensaciones del petróleo, el fondo presentó este año un agujero de 6.500 millones de reales (1.700 millones de dólares) necesarios para cumplir con sus obligaciones. Para garantizar los pagos recurrió a una maniobra de emergencia y retiró el importe de los depósitos judiciales, valores relacionadas a acciones judiciales destinadas a garantizar el cumplimiento de las sentencias. El año que viene, con un nivel de obligaciones aún mayor y cuando esa maniobra considerada de emergencia no podrá repetirse, se espera que el déficit sea de otros 4.700 millones que tendrán que ser asumidos por las frágiles arcas estatales.

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