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Tuxpan.- Integrantes del cabildo de Tuxpan acusaron al presidente municipal Raúl Ruiz Díaz; al director de Obras Públicas, Miguel Aizcorbe Salicrup, además del tesorero y contralor, de incurrir en prácticas de asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por más de 30 millones de pesos.
De acuerdo a la investigación que está en curso, el presidente municipal cobró como soborno o “mochada” el 10%  de los montos de contratos que asignó y que superan los 170 millones de pesos. De puro “diezmo” se embolsó 17 millones de pesos.
No conforme con ello, se asoció con sus hermanos Daniel y Gabriel,  y 4 compañías constructoras, para hacer casi la totalidad de la obra pública del municipio, con lo que incrementó sus ingresos ilícitos, pues además con la ayuda del director de Obras Públicas inflaron los costos de las obras para que obtuvieran mayor margen de ganancia.
El enriquecimiento ilícito del alcalde Raúl Ruiz Díaz salió a luz cuando a los pocos meses de iniciado su gobierno empezó a comprar vehículos de lujo para toda la familia, compró un lote de ganado de registro, modernizó las instalaciones de su ranchito y adquirió propiedades urbanas y 3 ranchos en este municipio, incluyendo inmuebles en la Ciudad de México.
Además, gastó millones de pesos en viajes familiares a Nueva York y Europa, particularmente en Francia, donde estudia la más pequeña de sus hijas. En tan solo un año, Raúl Ruiz pasó de ser un simple vaquero y empleado con sueldo mínimo,  a un millonario que le gusta consentir a la familia regalándoles joyas costosas y relojes Cartier.
De acuerdo a los informes de los propios ediles, el alcalde Raúl Ruiz tiene un sueldo mensual de $60,000.00, una gratificación anual de $112,000.00 y un fondo de ahorro de $12,000.00. Anualmente obtiene un ingreso de menos de un millón de pesos.
No obstante, con su sueldo de 60 mil pesos compró al ingeniero Toledo Culebro un rancho de 32 hectáreas ubicado cerca de Higueral, en la carretera Boca del Monte-Ojite. También compró a la familia Cobos un rancho de 54 hectáreas, ubicado en Chalahuite y adquirió otro rancho ubicado a orillas de la carretera Santiago de la Peña-Altamira. A estos se le suma el rancho Puerta Blanca, que era de su familia.
También está bajo investigación la compra de una propiedad en el bulevar Reyes Heroles, un departamento de lujo en Santa Fe en la Ciudad de México y otra propiedad en el DF.
De acuerdo al Artículo 328 del Código Penal, “existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no justifique que es legítimo el desproporcionado aumento de su patrimonio o de aquellos bienes de los cuales se conduzca como dueño”. Es por lo anterior que están exigiendo a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación contra el presidente municipal y demás funcionarios involucrados.
 
EL MODUS OPERANDI DEL ENRIQUECIMIENTO
 
Raúl Ruiz siguió los pasos de sus antecesores y no se conformó con el “diezmo”. Su ambición lo hizo asociarse con sus hermanos y un selecto grupo de constructores para obtener mayores ganancias haciendo la obra pública.
En este gran negocio, también incluyeron al director de Obras Públicas, Miguel Aizcorbe Salicrup, quien ilegalmente, con su compañía Aizapi Construcciones, S.A. de C.V., participó en licitaciones y él mismo se decretó ganador de 33 proyectos, por un monto de $15,267,169.60.
Entre las obras que hizo la compañía de Miguel Aizcorbe en el 2014 destacan drenajes, aulas, caminos y baños, cuyos costos él mismo aumentó para tener mayor margen de utilidad. Con esta  práctica, el funcionario incurrió en el delito de Tráfico de Influencias (Artículo 327), al aprovecharse del cargo que desempeña para obtener un beneficio propio o para un tercero.
Otra de las compañías beneficiadas con estos actos de corrupción a gran escala es Proyectos Astorga, S.A. de C.V., a la que le asignaron 63 contratos para realizar obras de piso firme y aulas. El representante de esta compañía es José Ignacio Escobedo.
A la compañía Zumaya Corporación Fiscal y Constructiva, S.A. de C.V., la beneficiaron con 30 contratos para realizar obras de ampliación eléctrica y modificación de líneas de alta y baja tensión. A la compañía Materiales Oconit, S.A. de C.V., le dieron 28 contratos para proyectos similares.
La quinta empresa que trabajó para el munícipe es Domini Construcción, S.A. de C.V., a la que le adjudicaron 9 contratos de drenes pluviales y caminos rurales,  muchos de los cuales ya desaparecieron porque fueron trabajos de mala calidad.
En esta conspiración de corrupción y enriquecimiento participaron el tesorero Carlos Augusto Flores Corona y el contralor Julio César Velázquez Capitán.
 
EXIGEN INTERVENGA LA FISCALÍA Y EL SAT
 
El cuerpo edilicio pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado para que investigue estas conductas ilícitas de los funcionarios y, al mismo tiempo, hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria para que efectúe auditorías a los servidores públicos y constructores que participaron en los hechos.
Es importante mencionar que de confirmarse el enriquecimiento ilícito,  se decomisarán en beneficio del estado todos aquellos bienes cuya procedencia no logren justificarse, de acuerdo con la ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos del estado.
No se descarta que también se les finquen responsabilidades a los ediles que forman parte de la Comisión de Hacienda, pues ellos son los encargados de la fiscalización de los recursos.

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