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México, DF.- Organizaciones de defensa de garantías fundamentales dirigieron una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Hussein, quien está de visita de trabajo en México, para expresarle que aun cuando en el país hay situaciones para afirmar que hay una grave y generalizada crisis en la materia, el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en negar esa realidad.

Más de 100 organismos civiles enfatizaron que en lo que va de 2015 tres diferentes instancias internacionales han acudido a México para analizar la situación de estas garantías en el país y han concluido que existe una crisis al respecto. Sin embargo, la reacción de la administración federal ante los tres reportes preliminares de estos mecanismos internacionales “se ha caracterizado por la negación de la realidad y por una preocupante simulación de ‘apertura al escrutinio internacional’”.

El documento dirigido a Zeid Ra’ad Al Hussein es suscrito entre otras por los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Fray Bartolomé de las Casas; por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección a los Derechos Humanos; y por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 75 organizaciones de 21 entidades.

Las organizaciones le hacen saber al Alto Comisionado que en febrero y marzo de este año visitaron el país respectivamente el Comité contra la Desaparición Forzada y el Relator Especial sobre Tortura, ambos organismos de Naciones Unidas, que manifestaron su preocupación ante este tipo de violaciones a garantías fundamentales y la constante y sistemática práctica de la tortura y la desaparición forzada.

Sin embargo, lamentaron las ong, en lugar de tomar en cuenta las observaciones de esas instancias internacionales, la administración de Peña Nieto las desconoció y descalificó pero sin poder explicar sus cuestionamientos a los mecanismos de derechos humanos de la ONU.

Lo mismo sucedió –agregaron— con la reciente visita in loco (en terreno) que realizó la semana pasada una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su reporte preliminar dijo que en México hay una “grave crisis” en la materia, conclusión que “una vez más desestimó” el gobierno mexicano al considerarlas “ajenas a la realidad” del país.

Por ello, le realizaron varias peticiones: que asuma una posición proactiva en el monitoreo de violaciones a derechos humanos en el país y en el señalamiento público a las obligaciones del Estado en la materia; que fortalezca las labores de su Oficina en materia de protección de los derechos humanos en México, particularmente a través del robustecimiento de sus funciones de observación, y que ésta haga pronunciamientos públicos.

También solicitaron al Alto Comisionado brindar apoyo al Estado mexicano para el establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos y de casos de corrupción, que funja como un órgano integrado por expertos independientes nombrados por el Secretario General de la ONU cuya finalidad sea fortalecer el derecho de las víctimas a la coadyuvancia en la investigación y persecución penal de violaciones graves a esos derechos y de coadyuvar con la autoridad en la identificación y sanción de los servidores públicos que transgredan sus obligaciones y responsabilidades en materia de corrupción.

Fuente: La Jornada

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