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La Suprema Corte de Justicia avaló ayer la constitucionalidad de la Ley 287 referente al sistema de pensiones para el estado de Veracruz, a excepción de cuatro artículos, entre estos el 16, el 19 y el 34.

En entrevista, Adriana Chávez Tejeda, presidenta de la Coalición de Pensionados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) destaca el fallo de la SCJN en torno de la no constitucionalidad de la supuesta “obligación” de cada trabajador activo y jubilado para destinar el doce por ciento de sus percepciones como “aportación” al IPE aun cuando ambos pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de pensión. Surge el esquema de la “doble” aportación, constitucionalmente prohibida.

De hecho, con el cinco por ciento aportados por los trabajadores activos al IPE, el instituto de por si obtiene una “millonada”, calificó.

Por lo anterior dicha disposición resulta anticonstitucional tanto desde el punto de vista de la Corte, como desde la perspectiva de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Chavez Tejeda recordó una iniciativa de reforma formulada por las bancadas de oposición en el Poder Legislativo del Estado, como respuesta a la denominada Ley IPE, sin embargo dada la mayoría absoluta del Revolucionario Institucional en el Legislativo, esta propuesta nunca verá la luz.

Exigió a demás la salida de los denominados “consejeros vitalicios” de la nómina del Instituto de Pensiones, pues la quiebra del mismo es consecuencia de las onerosas percepciones de estos, entre ellos Acela Servín Murrieta y Ricardo Diz Herlindo y varios lideres sindicales mas.

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