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CIUDAD DE MÉXICO.- Puede resultar paradójico por tratarse de un líder del narcotráfico tan poderoso como el del cártel del Pacífico, pero los principales miedos de Joaquín El Chapo Guzmán son la pena de muerte, la tortura, la extradición y el ser “abatido” por grupos rivales.

Y es que, con su huída del penal de máxima seguridad de El Altiplano y la interposición de amparos para evitar ser llevado ante la justicia estadunidense, El Chapo quiere evitar ser torturado a efecto de declararse culpable por los delitos que se le imputan e incluso tiene miedo a que en la Unión Americana le apliquen la pena de muerte.

Además, en la solicitud de amparo, cuya copia posee Excélsior, Guzmán Loera expone que, de concederse la pretendida extradición, hace responsable al gobierno de México de lo que pudiera suceder en su integridad personal y seguridad, así como en la de su abogado y familia.

Según el expediente judicial del amparo promovido por el abogado Juan Pablo Badillo para congelar la orden de aprehensión con fines de extradición girada en contra de Guzmán Loera, a su cliente se le busca aplicar “una feroz degradación” así como un “cruel e inhumano maltratamiento”.

La defensa de El Chapo busca impugnar ante el Poder Judicial de la Federación la comisión de actos “ahora inminentes relacionados con su obstinada intención de extraditarlo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Con testigos (delincuentes comunes), colaboradores pagados, aleccionaos y protegidos”.

De igual forma, indica que se busca obligar al líder criminal a que se declare culpable de la comisión de delitos graves “que no ha cometido”, ello con la ejecución de la “inconstitucional orden de extradición relacionada con la pena capital.

A pesar de dichos argumentos, la jueza Patricia Diez, del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal desechó dichas impugnaciones pues, dijo, carece de facultades para analizar, conforme a las leyes mexicanas la constitucionalidad de los actos reclamados a dichas autoridades extranjeras.

El abogado Juan Pablo Badillo agregó: “Ténganse como nuevas autoridades responsables dentro del presente juicio de amparo a las autoridades antes citadas y como actos reclamados los que se advirtieron en el escrito de demanda que se hicieron consistir concretamente en la orden de extradición, así como los diversos actos consistentes en la tortura a efecto de declararse culpable de la comisión de diversos delitos, de la pena de muerte o privación de su vida, así como de tratar de ser abatido y masacrado por diversos grupos, lo que se traduce en actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, del directo quejoso”, expone el acuerdo.

Fuente: Excelsior

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