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Un juez envió en 2008 a John Houser a un hospital mental tras recibir una queja de violencia de su familia, pero su caso no entró en la categoría legal de reclutamiento involuntario. Eso permitió que, cuando al cabo de un tiempo salió del hospital, Houser pudiera legalmente comprar un arma. El pasado 23 de julio, la utilizó paraabrir fuego en una sala de cine en Luisiana, matando a dos personas antes de suicidarse.

Dylann Roof fue detenido en febrero en Carolina del Sur por posesión ilegal de un medicamento y admitió ese delito ante la policía. En abril, acudió a una tienda a comprar un arma. Al margen de las enfermedades mentales, la ley impide la venta a personas que han confesado un delito, han sido condenadas o han sido diagnosticadas con adicciones a drogas.

Pero la prohibición solo se aplica si en un plazo de tres días laborables el Gobierno federal ha completado un análisis de antecedentes del cliente interesado. Pasado ese plazo, Roof volvió a la tienda y pudo adquirir una pistola semiautomática porque el vendedor no había recibido respuesta del Gobierno. El 17 de junio, la empuñó paramatar a nueve personas negras en una iglesia en Charleston.

Ambos tiroteos, con un mes de diferencia, evidencian la ineficacia en Estados Unidos de las leyes que deberían impedir las ventas de armas a personas peligrosas sin vulnerar la Constitución, que ampara la propiedad privada de armas de fuego. De cerrarse esos resquicios, las tragedias podrían haberse evitado. Eso es lo que recuerdan ahora varios grupos sociales y legisladores demócratas que promueven un endurecimiento del sistema de revisión de antecedentes a compradores.

El número tres del Partido Demócrata en el Senado, Charles Schumer, anunció este lunes, junto a su prima la actriz Amy Schumer, un proyecto de ley que concedería incentivos a los Estados para mejorar la coordinación con el Gobierno federal en ese sistema, y trataría de armonizar los procedimientos para decretar un reclutamiento involuntario de un enfermo mental.

El presidente Barack Obama intentó sin éxito restringir el acceso a las armas tras la matanza de 20 niños y 6 adultos en 2012 en una escuela de Connecticut. Si entonces el enorme impacto de esa sinrazón no sirvió para sumar los votos suficientes en el Capitolio, las posibilidades actuales parecen remotas. Tras el tiroteo de Charleston, Obama pidió nuevamente endurecer los controles. Y recientemente, admitió que no haberlo logrado es su mayor frustración.

Pero, en cualquier caso, el debate sobre el control de las armas se ha reabierto. Solo lo propician las tragedias. El detonante ahora ha sido la coincidencia en pocas semanas de tres ataques solitarios en lugares públicos. Entre los tiroteos de Carolina del Sur y Luisiana, ocurrió otro: Muhammad Youssef Abdulaziz mató el 16 de julio a cinco militares en Tennessee. Los primeros indicios apuntan a que adquirió legalmente los rifles y pistolas que empleó. La afirmación, sin embargo, de un amigo suyo de que Abdulaziz los compró en Internet ha vuelto a revelar la escasa regulación de ese mercado.

El problema, sostienen los partidarios de mayores restricciones, es doble. De un lado, el actual sistema de antecedentes debe cerrar los vacíos que permiten casos como los de Houser y Roof: aunque fueron sometidos a revisión, pudieron comprar armas. El papel de los Estados es clave. Al no estar obligados a suministrar información al Gobierno federal, su cooperación varía significativamente. También incide la excesiva burocracia de juzgados y cuerpos policiales.

Según la organización Everytown, el plazo máximo de tres días para analizar el pasado del cliente ha supuesto que en los últimos cinco años alrededor de 15.000 personas, que no habrían superado la revisión, hayan podido comprar armas.

Y del otro lado, los defensores de mayores controles piden ampliar el paraguas de los antecedentes. Los comerciantes privados -en Internet o ferias- no están obligados a examinar al comprador. Esas ventas sin licencia suponen alrededor del 40% del total. “Cada día hay tiroteos de gente con antecedentes criminales o problemas mentales”, denuncia por teléfono Mike McLively, experto de la organización Leyes Inteligentes de Armas.

La enmienda bipartita, que no avanzó en el Senado en abril de 2013, pretendía extender el control de antecedentes a todas las transacciones comerciales de armas. Era la apuesta más restrictiva en dos décadas. También fracasaron los otros dos pilares de la propuesta de Obama: la prohibición de los rifles de asalto y la limitación del número de balas. Decantaron la balanza la presión del sector, como la Asociación Nacional del Rifle, que declinó participar en este reportaje; y el miedo de algunos legisladores a perder apoyos en Estados con una extendida cultura armamentística.

Pese a la inacción federal, la matanza de Connecticut ha propiciado cambios legales en algunos Estados. Actualmente, 18 de los 50 Estados obligan a revisar antecedentes en la mayoría de ventas privadas. Todo ello, sin embargo, no altera la realidad de que personas aparentemente normales como el tirador de Tennessee habrían aprobado teóricamente esa revisión.

Fuente: El PAÍS

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